Muy buenas, perdón por el ladrillo , la carta no es mía es del foro HD pero es interesante leerla para comprender toda esta mierda
Bueno, pues sin adjuntos... os lo pego en 2 partes. Es lo que envié al periódico El Mundo, en Noviembre 2011:
PArte 1:
Estimados Sres. De Redacción El Mundo,
Vds lideran, con una base fundamentada, el periodismo de investigación en éste país. Si bien esto es sobradamente meritorio de alabanzas, no es menos cierto que en ocasiones los rivales ni se presentan al campo de batalla. La transparencia, la ardua labor de documentación e investigación y, por encima de todo, la honestidad, ética y objetividad profesional son las mejores armas, amen de la calidad de los recursos. Sin embargo, y a pesar de que soy consciente del inimaginable volumen de frentes que se les pueden presentar y de que la capacidad no es ilimitada, estoy muy sorprendido de que no se hayan hecho eco de un problema que afecta a miles de personas, que encierra una trama comercial-administrativa en la que se barajan cifras de millones de euros; cifra resultante que supone un pastel muy jugoso por el que se verían justificadas actuaciones de dudosa legalidad.
Me refiero tanto al problema en sí, que si me permiten pasaré a detallarles en la medida de lo posible, como a la sorpresa que produce el hecho de que permanezca oculto a la opinión pública. Esto último es más el motivo de ponerme en contacto con vds, pues casi doy por sabido que vds son conocedores de las generalidades, pero quiero, con su permiso, apelar a que profundicen y puedan mostrar la cara oculta de cada actuación, procedimiento y todas las extrañas circunstancias que rodean desde un primer momento el asunto en cuestión, y si no requiero, pero si suplico de forma vehemente, una explicación de porqué se mantienen al margen.
Asi, paso a exponer, agradeciéndoles de antemano hayan tomado unos minutos en su lectura, el “atropello que están sufriendo miles de consumidores por parte de la Administración y las Fuerzas del Orden Público”.
Somos miles de personas que un día decidieron comprar un vehículo, usado, para más señas; así, sin más. Desde un principio dejaré de lado toda consideración poética o derivada de cualquier estereotipo que generalizadamente está unido a la marca del vehículo. Como decía, decidimos comprarnos un vehículo de segunda mano. En el 99,9% de los casos hablamos de motos, concretamente las de la marca americana Harley Davidson. Y del mismo modo que en la planificación de compra de cualquier otro vehículo haríamos, evaluamos y analizamos la oferta existente en el mercado, y vuelvo a remitirme a la idéntica situación de un comprador “genérico” que puede elegir entre:
-Comprarlo en un concesionario oficial de la marca,
-Comprarlo a un particular, o
-Comprarlo en una tienda “multimarca”.
Las tres opciones son perfectamente lícitas y frecuentes, con las consabidas diferencias obvias que, aparte del precio en sí del vehículo, son inherentes a la condición del vendedor. El vendedor oficial está avaladPo por la marca, ofrece garantía escrita, y es sabido que su precio será sensiblemente superior. La compra a un particular estaría en primera línea de precio, pero carece de garantía escrita, salvo casos muy particulares en los que acuerdos con talleres o incluso gestores dejan en ocasiones por escrito firmado una garantía de funcionamiento contractual acordada entre ambas partes. La tercera opción, en el particular caso que nos ocupa, no existía en España hasta hace cerca de 10 años, pero desde entonces ha ido ganando adeptos. La razón, un precio tan competitivo como el que obtenemos comprando a un particular, pero con una garantía escrita, y ofreciendo vehículos usados con poco uso y en muy bien estado.
Así, muchos optamos por ésa tercera opción. Al ser nueva, nos preguntábamos porqué no había existido antes, y comprendimos que esos vehículos no provienen de un concesionario oficial, ni de particulares españoles; sino que son usados y provenientes de los EEUU. Si, todas las motos Harley Davidson provienen de los EEUU, pero las nuevas sólo se venden en los concesionarios oficiales, y a través de éstos a los distribuidores legales autorizados, y las usadas, en la inmensa mayoría de los casos, fueron compradas en su momento en concesionario oficial y posteriormente entregadas como pago parcial para nueva adquisición, pasando entonces las entregadas a la venta. De forma global, diríamos que el mercado de segunda mano no era sino el parque móvil nacional de Harley en continuo reciclado, salvo unos cientos de casos en los que las motos son traídas por propietarios europeos que se establecen en nuestro país.
Pero éstos establecimientos “paralelos” abrieron el mercado y la opción. Son en su mayoría empresas que al mover un volumen aceptable de pedidos a vendedores americanos, logran englobar las homologaciones. Éste tipo de importación y homologación es de alto coste, si lo hiciésemos los particulares, para un vehículo en cuestión; los gastos de transporte, aduanas, y homologación recaen en una sola compra, a pesar de que ésta sea inicialmente positiva y rentable por la relación euro-dólar. Pero si una persona/empresa acomete la compra para una gran cantidad de vehículos, es innegable que reducirá costes sustancialmente, independientemente de si reduce sus beneficios para ganar mercado. Ésta persona/empresa no debe cumplir los márgenes o imposiciones de marketing ni ventas asociadas a la marca, como deberá hacer un concesionario, así, puede obtener una cuota de mercado en el sector de usados hasta ahora monopolizada.
De éste modo realizamos finalmente la compra en éstos establecimientos, obteniendo, como es habitual, toda la documentación asociada a la compra de cualquier vehículo usado: Factura de Compra, Tarjeta de Inspección Técnica, Permiso de Circulación e Impuesto Municipal, aparte del añadido Libro de Garantía. Todos ellos debidamente sellados y/o firmados por cada organismo competente.
Desde los meses, aproximadamente, de la primavera del pasado 2011 y continuándose hasta ahora, se llevó y se lleva a cabo una actuación que a todos nos ha sorprendido. Consiste en que la Guardia Civil, más concretamente la división conocida como GIAT, se pone en contacto con un consumidor (comprador y usuario de uno de éstos vehículos), bien mediante una llamada telefónica, bien mediante un escrito fotocopiado dejado en el buzón del domicilio particular, bien mediante sms o incluso personándose en la vivienda, e informa al propietario de ésta máquina de que se está llevando a cabo una investigación sobre homologaciones, y que para ello se solicita la colaboración del propietario. Ésta colaboración consiste en que debe personarse a la Comandancia correspondiente, indicada verbalmente o por papel fotocopiado, llevando consigo la documentación del vehículo y el mismo. En éste acto, el propietario realiza una declaración, tras una serie de preguntas relacionadas con la compra, el establecimiento y/o el propio vehículo; tras la declaración, el propietario es requerido de entregar la documentación del vehículo a la Guardia Civil, que además realiza una inspección visual al vehículo, y toma de él unas fotos. Finalmente, el propietario queda sin documentación y consecuentemente privado del derecho a la utilización del vehículo en la vía pública, todo en ello en base a diligencias iniciadas por uno de los juzgados que instruyen supuestamente el caso. Se informa al propietario que la documentación obrará el poder del juez que la ha requerido, y el vehículo queda en depósito domiciliario hasta nueva orden o resolución judicial.
Bueno, pues sin adjuntos... os lo pego en 2 partes. Es lo que envié al periódico El Mundo, en Noviembre 2011:
PArte 1:
Estimados Sres. De Redacción El Mundo,
Vds lideran, con una base fundamentada, el periodismo de investigación en éste país. Si bien esto es sobradamente meritorio de alabanzas, no es menos cierto que en ocasiones los rivales ni se presentan al campo de batalla. La transparencia, la ardua labor de documentación e investigación y, por encima de todo, la honestidad, ética y objetividad profesional son las mejores armas, amen de la calidad de los recursos. Sin embargo, y a pesar de que soy consciente del inimaginable volumen de frentes que se les pueden presentar y de que la capacidad no es ilimitada, estoy muy sorprendido de que no se hayan hecho eco de un problema que afecta a miles de personas, que encierra una trama comercial-administrativa en la que se barajan cifras de millones de euros; cifra resultante que supone un pastel muy jugoso por el que se verían justificadas actuaciones de dudosa legalidad.
Me refiero tanto al problema en sí, que si me permiten pasaré a detallarles en la medida de lo posible, como a la sorpresa que produce el hecho de que permanezca oculto a la opinión pública. Esto último es más el motivo de ponerme en contacto con vds, pues casi doy por sabido que vds son conocedores de las generalidades, pero quiero, con su permiso, apelar a que profundicen y puedan mostrar la cara oculta de cada actuación, procedimiento y todas las extrañas circunstancias que rodean desde un primer momento el asunto en cuestión, y si no requiero, pero si suplico de forma vehemente, una explicación de porqué se mantienen al margen.
Asi, paso a exponer, agradeciéndoles de antemano hayan tomado unos minutos en su lectura, el “atropello que están sufriendo miles de consumidores por parte de la Administración y las Fuerzas del Orden Público”.
Somos miles de personas que un día decidieron comprar un vehículo, usado, para más señas; así, sin más. Desde un principio dejaré de lado toda consideración poética o derivada de cualquier estereotipo que generalizadamente está unido a la marca del vehículo. Como decía, decidimos comprarnos un vehículo de segunda mano. En el 99,9% de los casos hablamos de motos, concretamente las de la marca americana Harley Davidson. Y del mismo modo que en la planificación de compra de cualquier otro vehículo haríamos, evaluamos y analizamos la oferta existente en el mercado, y vuelvo a remitirme a la idéntica situación de un comprador “genérico” que puede elegir entre:
-Comprarlo en un concesionario oficial de la marca,
-Comprarlo a un particular, o
-Comprarlo en una tienda “multimarca”.
Las tres opciones son perfectamente lícitas y frecuentes, con las consabidas diferencias obvias que, aparte del precio en sí del vehículo, son inherentes a la condición del vendedor. El vendedor oficial está avaladPo por la marca, ofrece garantía escrita, y es sabido que su precio será sensiblemente superior. La compra a un particular estaría en primera línea de precio, pero carece de garantía escrita, salvo casos muy particulares en los que acuerdos con talleres o incluso gestores dejan en ocasiones por escrito firmado una garantía de funcionamiento contractual acordada entre ambas partes. La tercera opción, en el particular caso que nos ocupa, no existía en España hasta hace cerca de 10 años, pero desde entonces ha ido ganando adeptos. La razón, un precio tan competitivo como el que obtenemos comprando a un particular, pero con una garantía escrita, y ofreciendo vehículos usados con poco uso y en muy bien estado.
Así, muchos optamos por ésa tercera opción. Al ser nueva, nos preguntábamos porqué no había existido antes, y comprendimos que esos vehículos no provienen de un concesionario oficial, ni de particulares españoles; sino que son usados y provenientes de los EEUU. Si, todas las motos Harley Davidson provienen de los EEUU, pero las nuevas sólo se venden en los concesionarios oficiales, y a través de éstos a los distribuidores legales autorizados, y las usadas, en la inmensa mayoría de los casos, fueron compradas en su momento en concesionario oficial y posteriormente entregadas como pago parcial para nueva adquisición, pasando entonces las entregadas a la venta. De forma global, diríamos que el mercado de segunda mano no era sino el parque móvil nacional de Harley en continuo reciclado, salvo unos cientos de casos en los que las motos son traídas por propietarios europeos que se establecen en nuestro país.
Pero éstos establecimientos “paralelos” abrieron el mercado y la opción. Son en su mayoría empresas que al mover un volumen aceptable de pedidos a vendedores americanos, logran englobar las homologaciones. Éste tipo de importación y homologación es de alto coste, si lo hiciésemos los particulares, para un vehículo en cuestión; los gastos de transporte, aduanas, y homologación recaen en una sola compra, a pesar de que ésta sea inicialmente positiva y rentable por la relación euro-dólar. Pero si una persona/empresa acomete la compra para una gran cantidad de vehículos, es innegable que reducirá costes sustancialmente, independientemente de si reduce sus beneficios para ganar mercado. Ésta persona/empresa no debe cumplir los márgenes o imposiciones de marketing ni ventas asociadas a la marca, como deberá hacer un concesionario, así, puede obtener una cuota de mercado en el sector de usados hasta ahora monopolizada.
De éste modo realizamos finalmente la compra en éstos establecimientos, obteniendo, como es habitual, toda la documentación asociada a la compra de cualquier vehículo usado: Factura de Compra, Tarjeta de Inspección Técnica, Permiso de Circulación e Impuesto Municipal, aparte del añadido Libro de Garantía. Todos ellos debidamente sellados y/o firmados por cada organismo competente.
Desde los meses, aproximadamente, de la primavera del pasado 2011 y continuándose hasta ahora, se llevó y se lleva a cabo una actuación que a todos nos ha sorprendido. Consiste en que la Guardia Civil, más concretamente la división conocida como GIAT, se pone en contacto con un consumidor (comprador y usuario de uno de éstos vehículos), bien mediante una llamada telefónica, bien mediante un escrito fotocopiado dejado en el buzón del domicilio particular, bien mediante sms o incluso personándose en la vivienda, e informa al propietario de ésta máquina de que se está llevando a cabo una investigación sobre homologaciones, y que para ello se solicita la colaboración del propietario. Ésta colaboración consiste en que debe personarse a la Comandancia correspondiente, indicada verbalmente o por papel fotocopiado, llevando consigo la documentación del vehículo y el mismo. En éste acto, el propietario realiza una declaración, tras una serie de preguntas relacionadas con la compra, el establecimiento y/o el propio vehículo; tras la declaración, el propietario es requerido de entregar la documentación del vehículo a la Guardia Civil, que además realiza una inspección visual al vehículo, y toma de él unas fotos. Finalmente, el propietario queda sin documentación y consecuentemente privado del derecho a la utilización del vehículo en la vía pública, todo en ello en base a diligencias iniciadas por uno de los juzgados que instruyen supuestamente el caso. Se informa al propietario que la documentación obrará el poder del juez que la ha requerido, y el vehículo queda en depósito domiciliario hasta nueva orden o resolución judicial.